Desde Rectoría, la Secretaría de Políticas y Vinculación, junto al Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad del Chubut, queremos expresar nuestra preocupación ante los intentos de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º26.657 y compartir el siguiente comunicado.
Es importante sostener y fortalecer un enfoque de salud mental basado en derechos humanos, con perspectiva comunitaria, interdisciplinaria e inclusiva. Invitamos a la comunidad a informarse, reflexionar y acompañar la defensa de una normativa que constituye un avance fundamental en materia de políticas públicas y cuidado colectivo.
Comunicado institucional
Desde la Universidad del Chubut expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante cualquier intento de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, una normativa reconocida por su carácter de avanzada en la garantía de derechos humanos y su consonancia con acuerdos internacionales en la materia.
En un contexto social, político y económico en constante conflictividad, pérdida de derechos, alteración de la vida cotidiana y exposición a la violencia, dónde las desigualdades se profundizan y los sufrimientos se diversifican de diferentes maneras y en diversos ámbitos, poner en agenda la Salud Mental en clave de retroceso de derechos humanos implica desplazar el enfoque hacia una lógica de control y medicalización del malestar, tendiente a individualizar el sufrimiento socialmente producido, debilitando el rol del Estado y abandonando las respuestas centradas en las condiciones que lo generan.
La Ley constituye un marco fundamental para la transformación del modelo de atención en salud mental, orientado a la sustitución de lógicas manicomiales y hospitalocéntricas por abordajes integrales, comunitarios, interdisciplinarios e intersectoriales. Cualquier retroceso en este sentido implica no solo un debilitamiento de políticas públicas construidas colectivamente, sino también una vulneración de derechos ampliamente reconocidos.
Desde nuestra Universidad, este enfoque no es únicamente una definición normativa, sino una práctica concreta que se expresa en la formación de profesionales, en proyectos de extensión y en el desarrollo de investigaciones situadas en el territorio. A través de nuestras propuestas académicas y del trabajo articulado con instituciones y organizaciones de la comunidad, venimos acompañando procesos que promueven la inclusión sociolaboral, el fortalecimiento de redes de cuidado y la construcción de alternativas al modelo manicomial. Estas experiencias dan cuenta de que la implementación de la Ley es no solo posible, sino necesaria y transformadora.
Entendemos que el desafío actual no radica en modificar la Ley, sino en profundizar su implementación efectiva, fortaleciendo las condiciones materiales, institucionales y profesionales que permitan garantizar su cumplimiento en todo el territorio. Esto requiere decisiones políticas sostenidas, inversión adecuada y el abordaje de las desigualdades estructurales que inciden en los procesos de salud-enfermedad-atención.
Consideramos imprescindible que cualquier discusión en torno a esta normativa se desarrolle en ámbitos participativos, con la intervención protagónica de organizaciones de usuarios/as y familiares, colectivos de derechos humanos, trabajadores/as de la salud, el campo académico y otros actores sociales relevantes.
Como universidad pública provincial, reafirmamos nuestra responsabilidad en la defensa de políticas públicas que promuevan la inclusión, la dignidad y el cuidado en salud mental.
Convocamos a la comunidad en su conjunto a sostener y defender activamente la Ley Nacional de Salud Mental, evitando cualquier intento de regresión en materia de derechos.
